El caso Chihuahua revela operación conjunta de CIA, DEA y FBI en México y revive las alertas por injerencia bajo la estrategia de seguridad de Trump.
Blanca Juárez | Ciudad de México, 2 de mayo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- La muerte de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) terminó revelando una amplia cooperación del Gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, con el Gobierno estadounidense, pero sobre todo, que la actual estrategia injerencista es más amplia y va más allá de la CIA.
Para analistas esto incrementa el riesgo de una «presión máxima a México”, pues en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos del Presidente Donald Trump se designó a los carteles como organizaciones terroristas.
Y presionado por las elecciones intermedias, el riesgo crece para México pues la agenda de seguridad estadounidense, vinculada a los cárteles, ha sido una promesa de Trump para sus bases del movimiento MAGA (siglas en inglés de “Haz grande a América otra vez”), apuntó la politóloga Guadalupe Correa-Cabrera.
El 19 de abril, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson –exagente de la CIA–, dio a conocer que “dos miembros del personal de la Embajada” fallecieron en un accidente en Chihuahua. En los días siguientes, medios mexicanos y estadounidenses revelaron que se trataba de miembros de la CIA.
Previamente, el propio Secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, ya había informado que todo un piso de la Torre Centinela, sede de esa secretaría en Ciudad Juárez, sería para agentes extranjeros.
Algunas de las agencias que tendrían un lugar en el edificio gubernamental son la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), personal la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), e incluso de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otras.
Sobre esto y la presencia de los agentes de la CIA fallecidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de Maru Campos no solicitó autorización del Gobierno federal, como lo establece la Ley de Seguridad Nacional. Por ello, su administración ya comenzó una investigación para garantizar que no se vulnere la soberanía del país.
El caso ya tuvo una primera baja. El lunes 27, César Jáuregui Moreno renunció a su cargo como Fiscal General de Chihuahua por los errores en el operativo donde fallecieron los agentes de la CIA y para, dijo, «permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad».
Hace un par de semanas, de acuerdo con el periodista Jesús Estrada, corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada, el Secretario de Seguridad Gilberto Loya afirmó que las facultades estatales eran suficientes para “cooperar con estas agencias de manera permanente”.
Pero Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en temas de seguridad, ve en esa “colaboración” algo preocupante, pues “Estados Unidos y sus agencias siempre han buscado evitar la ventanilla única”, es decir, eludir al Gobierno Federal, el facultado para otorgar los permisos de colaboración con agencias extranjeras.
Cada una de estas agencias tiene funciones acotadas. Al menos en el papel, la DEA combate el narcotráfico a escala global; el FBI investiga delitos federales como terrorismo o corrupción; HSI persigue redes transnacionales de tráfico. Y CBP resguarda fronteras y aduanas y se encarga de gestionar el flujo de migrantes en la frontera, junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En ese contexto, más que un hecho aislado, lo ocurrido en Chihuahua exhibe un esquema de operación de Estados Unidos en México, mediante diferentes agencias, que halló una puerta en el gobierno de Maru Campos, como ocurrió antes en Gobiernos del PAN y del PRI.
Agencias de EU: décadas en México
A lo largo de décadas, distintas agencias de Estados Unidos han tenido presencia, visible o encubierta, en México, violando la soberanía nacional muchas veces con el aval de los propios gobernantes.
Por ejemplo, el Presidente de México de 1958 a 1964, Adolfo López Mateos, es ubicado como uno de los informantes de la CIA bajo el nombre clave de «LITENSOR», según documentos desclasificados de esa agencia creada en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial.
En muchos casos, las consecuencias de esa intervención las han sufrido directamente la población. Una de los primeros casos fue la “Operación Intercepción”, en 1969. Durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de manera unilateral prácticamente cerró la frontera con el pretexto de que México no combatía el narcotráfico. La estrategia afectó económicamente a las ciudades fronterizas mexicanas.
Pero esto fue apenas el inicio de la política intervencionista de Nixon. En 1971 , el mandatario estadounidense del Partido Republicano declaró la “guerra al narcotráfico” y en 1973 creó la DEA para, supuestamente, perseguir ese delito. Desde entonces, el cultivo y trasiego de drogas comenzó ser uno de los principales pretextos para operar en México.
No pasó mucho tiempo para que a esa nueva agencia se le asignara una «misión» en nuestro país con justificación oficial. Entre 1975 y 1976 el gobierno de Luis Echeverría desplegó la “Operación Cóndor”, con la participación de agentes de la DEA, para erradicar cultivos de marihuana y amapola en el llamado triángulo dorado, en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Sin embargo, según investigadores Peter Dale Scott y Jonathan Marshall documentaron que el objetivo real de dicho operativo fue facilitar la creación del Cártel de Guadalajara. Los líderes de ese grupo criminal, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, empezaron a destacar a finales de la década de los años 70 e inicios de los 80.
A la par de esa operaciones de la DEA, la CIA tenía un papel fundamental durante la llamada “guerra sucia”. Documentos desclasificados de archivos oficiales de Estados Unidos señalan que entre las décadas de los años 60 a 80, esa agencia espió a integrantes de movimientos políticos y de guerrillas, organizaciones surgidas en respuesta a la represión del Estado mexicano y a profundas condiciones de desigualdad y pobreza.
Años más tarde, en 1990, agentes de la DEA secuestraron en Guadalajara, Jalisco, al médico Humberto Álvarez Machaín. Luego lo trasladaron ilegalmente a Estados Unidos, acusado de participar en la tortura y asesinato –al igual que Caro Quintero– del agente Enrique “Kike” Camarena. Un juez en aquel país lo liberó por falta de pruebas.
Otro episodio que dejó graves estragos en la población mexicana fue la «Operación Rápido y Furioso”. Desde 2009 y hasta 2011, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos permitió el tráfico ilegal de armas hacia México para, supuestamente rastrearlas mediante chips incrustados.
Miles de esas armas terminaron en manos del crimen organizado, les quitaron los chips y las ocuparon para quitarle la vida a incontable número de personas, desaparecerlas, desplazarlas de sus comunidades e infundir miedo.
Esto ocurrió durante el gobierno del panista Felipe Calderón, quien como Nixon, le declaró la guerra al narcotráfico. Sin embargo, 2008, bajo el paraguas de la “colaboración” para combatir las drogas, Calderón permitió una mayor presencia y operación en México de agentes de la DEA, el FBI y la CIA. Como ahora lo hace María Eugenia Campos.
En 2011, una vez más, una parte de la población en México sufrió los efectos del intervencionismo estadounidense: la Masacre de Allende. La DEA contaba con informantes dentro de Los Zetas, los datos que obtuvo de ellos los filtró y, al darse cuenta de esta traición, el cártel respondió con un brutal ataque contra familias enteras entre el 18 y el 20 de marzo de ese año.
Aunque las autoridades estatales y federales aseguraron que menos de 30 personas fueron asesinadas, familiares de las víctimas señalan que fueron cerca de 300.
Un año después, otro episodio volvió a encender alertas sobre la actuación de agencias estadounidenses en México. En 2012, policías federales que investigaban el secuestro de un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), según lo que ellos han declarado, dispararon contra una camioneta que no se detuvo ante su llamado en Tres Marías, Morelos.
En el vehículo viajaban dos agentes de la CIA y era manejado por un elemento de la Secretaría de Marina. Tras el incidente, los policías denunciaron haber sido interrogados por el FBI, facultad que no tienen en territorio mexicano y además lo hicieron sin la presencia de defensores ni autoridades mexicanas.
A este tipo de actuaciones se sumó otro episodio que tensó la relación bilateral: la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda. En 2020 la DEA detuvo a quien fuera Secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. Aunque la detención ocurrió en Estados Unidos, la investigación se llevó a cabo en México sin informar al gobierno mexicano, lo que provocó una crisis diplomática y un reclamo del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de este episodio, el exmandatario promovió una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar a agentes extranjeros.
Sin embargo, vendría otro episodio aún más grave: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. El 25 de julio de 2024 el capo llegó en avión a El Paso, Texas.
Un mes después, en la Corte de Brooklyn, “El Mayo” declaró: “No me entregué ni vine voluntariamente. Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad».
Tal como ahora señala la presidenta Claudia Sheinbaum, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no fue notificado de la aprehensión y solicitó un informe detallado a Estados Unidos, el cual hasta ahora no ha sido entregado.
